Por qué fracasó la Segunda República

La Segunda República fracasó porque se destruyó el modelo de convivencia democrática, porque la democracia dejó de existir al ser barrida por un proceso revolucionario, que generaría en su contra otro proceso contrarrevolucionario. A finales de 1935 las maniobras del presidente de la República Alcalá Zamora contra la coalición gobernante de centro-derecha, dejó herido de muerte al centro, y al impedir la normalidad democrática provocó el aumento de la radicalización. La convocatoria electoral del 16 de febrero de 1936 se llevó a cabo en un clima de violencia política durante la cual 37 personas fueron asesinadas. El escrutinio de la jornada electoral concluyó con un empate técnico entre el Frente Popular y la derecha, pero la inmediata movilización de la izquierda, que el director de la Guardia Civil, general Sebastián Pozas, calificó de simple “alegría republicana”, interfirió en el recuento y en el registro de los votos en al menos seis provincias, invalidando las listas de la derecha en favor del Frente Popular. Millares de izquierdistas asaltaron prisiones liberando a los revolucionarios condenados por el intento de golpe de estado de octubre del 34, y en algunas provincias los gobernadores civiles fueron sacados de sus casas o de sus despachos con los brazo en alto siendo conminados a huir.

Alcalá Zamora se negó a que el gobierno de Portela Valladares decretase la ley marcial, y aquel presidente débil y pusilánime optó por abandonar el poder espantado, cuando debió permanecer en su puesto para verificar el proceso electoral y esperar a que se completase con la repetición de nuevas elecciones en varias provincias. Ante tal defección, el presidente de la República designó como nuevo jefe del gobierno a Manuel Azaña, en un nuevo acto irregular. Los nuevos funcionarios de izquierdas se encargaron de validar, entre múltiples irregularidades, los resultados electorales en favor del Frente Popular. En Cuenca y Granada en las que había ganado la derecha, las elecciones fueron declaradas nulas y se convocaron nuevos comicios. En las provincias en las que se tenían que repetir las elecciones los candidatos de la derecha se retiraron ante el clima de violencia. A finales de marzo la Comisión de Actas, de mayoría izquierdista, se reasignó arbitrariamente 32 escaños que pertenecían a la derecha, aumentando aún más su mayoría parlamentaria. En Cuenca y Granada la presión sistemática de la izquierda hizo imposible la presencia de la derecha, con lo que el Frente Popular barrió en las nuevas elecciones.

Y así fue como el Frente Popular registró y avaló su propia victoria en las urnas en contra del espíritu y la práctica electoral republicana. En un proceso de cuatro pasos los resultados electorales, que en un principio estaban casi por igual entre derechas e izquierdas, fueron falsificados y manipulados a lo largo de tres meses, hasta que el Frente Popular consiguió una mayoría de dos tercios de los escaños, lo que le permitiría modificar la Constitución a su conveniencia. Tras ello, las elecciones democráticas habían dejado de existir en la República.

A primeros de abril el Frente Popular votó en las Cortes la destitución del presidente Alcalá Zamora, lo que fue calificado por el compungido y ‘moralista’ presidente caído de «golpe de estado parlamentario», siendo elegido nuevo presidente de la República Manuel Azaña.  La política izquierdista del gobierno republicano se basó entonces en un cálculo peligroso. Creyó que alguna concesión a los revolucionarios podría calmar la situación y consolidar una administración ordenada. Pero en los cuatro años anteriores había habido cuatro insurrecciones revolucionarias, y en caso de producirse otra solo el ejército podría garantizar su neutralización, por lo que paralizó momentáneamente su purga, pese a que las fuerzas armadas estaban catalogadas como una especie de «tigre de papel». La conspiración militar que se había mantenido en estado balbuciente durante varios años, empezó a tomar cuerpo serio tras todos estos acontecimientos.

Al final de la primavera de 1936 la situación política y social en España no tenía precedentes en ningún otro país occidental en tiempo de paz. Los análisis codificados que el cuerpo diplomático enviaba a sus respectivos países hablaban de caos y anarquía y de preparación para la revolución; describían un panorama que hacia hincapié en la frecuente violación sistemática de la ley, en los asaltos y destrucción de la propiedad privada, huelgas masivas y violentas, ocupaciones e incautaciones ilegales, cierres por la fuerza de escuelas católicas, incendios y saqueos de iglesias, millares de arrestos políticos de opositores de la derecha y clausura ilegal de partidos políticos, práctica impunidad en los actos criminales de miembros del Frente Popular, sometimiento político de la justicia, subversión de las fuerzas de seguridad y un incremento notable de la violencia política con más de trescientos muertos.

Dicho escenario era de situación prerrevolucionaria bajo un clima de anarquía, desgobierno, coerción y violencia política extrema, que en su grado máximo tuvo lugar en la noche del 12 al 13 de julio del 36, con el secuestro y asesinato del líder de Renovación Española José Calvo Sotelo, crimen perpetrado por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.  Y enfrente, el interés y la atracción hacia el “fascismo” empezó a desarrollarse entre quienes se sentían amenazados. Y aunque la rebelión militar estaba a punto de comenzar, dicho crimen fue lo que hizo decidirse a muchos, como al propio Franco. El gobierno, que intentó censurar la noticia, se negó a tomar medidas contra los ejecutores, quienes pasaron a una semiclandestinidad momentánea o se dejaron ver con arrogancia, y la única iniciativa gubernamental fue arrestar a doscientos derechistas más, como si ellos hubieran sido los culpables del asesinato de Calvo Sotelo. El ensayo democrático republicano había fracasado. Y la revolución y contrarrevolución estallaban en la fratricida y cruenta guerra civil.

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