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Hace unos días tuvo lugar en la Fundación Rafael del Pino la presentación de libro Devuélveme el poder. Por qué urge una reforma liberal en España (Península), de Miriam González Durántez. El salón de actos estaba lleno a rebosar, siendo necesario utilizar una sala contigua con pantalla de TV.
Entre los asistentes al acto, había caras conocidas como Durán y Lleida, Carlos Espinosa de los Monteros, Guillermo de la Dehesa, Ana Pastor (PP), Federico Trillo y Antonio García Ferreras (presentador de la Sexta), ya que su mujer, Ana Pastor, era la presentadora y entrevistadora de la autora.
Sería una ofensa presentar a Miriam González como la esposa del político liberal inglés Nick Clegg (Lib Dems), porque es una mujer de una gran personalidad, que se ha hecho a sí misma fuera de España, en Europa, y particularmente en el Reino Unido; fuera del manto protector de la familia, de sus amistades y de su país; se ha ganado la vida hablando en inglés a diario como abogada de prestigio, con la dificultad añadida de no ser su lengua materna.
Atraído por la figura de Nick Clegg, yo había leído “The Biography”, llegando a la conclusión de que Clegg es una rara avis en el panorama político inglés, porque su árbol genealógico es auténticamente cosmopolita, pues abarca media Europa y ha conseguido abrazar a la otra media con su enlace con la vallisoletana Miriam, natural de la villa de Olmedo.
Disfruté leyendo la biografía de Nick Clegg, porque me introduje en los entresijos de la política inglesa, para mí desconocidos, porque, por pereza, sólo leo los titulares de nuestros corresponsales en Inglaterra. Concluí que la política inglesa es mucho más dura que la nuestra, que en comparación casi parece un juego de niños.
Para resumir en pocas líneas un libro riguroso de 375 páginas, yo he seleccionado las siguientes frases:
“The most famous saying attributed to Jo Grimond was that, in times of crisis not run away from trouble but “march towards the sound of gunfire” and Nick’s done that”.
Esto me recuerda al comportamiento de los ingleses que, al mando de Wellington, se lanzaron a la batalla en Waterloo contra el ejército de Napoleón, después de haber pasado la noche en Bruselas, bailando, bebiendo y cortejando a sus mujeres, sin saber si al día siguiente regresarían vivos del campo de batalla, de acuerdo con el magistral relato de William Thackeray en su obra “Vanity Fair”.
He’s someone who relieves very strongly in the power of reason and persuasion”
People say he doesn’t read the papers, when he self-evidently does. But he has a very powerful home life, and some very supportive friends, so that gives him a break from it all”.
Pero hoy no toca hablar de Nick, sino de Miriam. En la presentación se definió a sí misma como una liberal de izquierdas; cada vez que pronunciaba la palabra “conservador” o “derechas” parecía que le producía urticaria. Por eso yo me propuse leer su libro buscándole las vueltas. Usando un rotulador amarillo subrayé los párrafos que en mi opinión eran los más sobresalientes, y al margen anoté si estaba de acuerdo o no (o.k.). Tengo que reconocer humildemente que estuve de acuerdo con todo lo expuesto por Miriam González, salvo contadas ocasiones. Sin embargo, he encontrado, discrepancias fundamentales, que paso inmediatamente a exponer, para no alargar este artículo en demasía, que suele ser uno de mis defectos.
El principal punto de discrepancia se encuentra en el apartado del Poder Judicial. No por lo que dice, sino por lo que no dice.
Miriam González afirma:
En España, el organismo encargado de nombrar y promover a los jueces está designado en su totalidad directamente por los políticos: toda una aberración del sistema de separación de poderes públicos.
[…]Fue concretamente en julio de 1985, bajo el Gobierno de Felipe González, un presidente muy reformista en algunas cosas, pero no en lo concerniente al Estado de derecho.
[…]El resultado de todo ello ha sido una auténtica usurpación por parte de los políticos del poder de los ciudadanos, algo que se hizo con total descaro e impunidad. El caso llegó al Tribunal Constitucional que, aunque cueste creerlo, en 1986 determinó que esta clara interpretación abusiva de la Constitución ¡no era inconstitucional! Pero para entender esa sorprendente postura del Tribunal Constitucional no hace falta más que ver su propia composición: doce miembros, cuatro nombrados por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y solo dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. En resumen, un tribunal nombrado mayoritariamente por los políticos decidió que un flagrante robo de poder a los ciudadanos por parte de los gobernantes no era anticonstitucional: pedirle al Tribunal Constitucional, nombrado por los políticos es algo así como pedirle al zorro que cuide a las gallinas. De todos los ejemplos en los que la clase política española ha utilizado su poder para eliminar límites y copar mecanismos de control a costa del poder de los ciudadanos, este es el más obvio, y sin duda el que debería producir más sonrojo”.
Yo no he podido ver a Miriam escribiendo este párrafo, pero estoy convencido de que, más que sonrojada, estaría roja de ira y de rabia, porque es el principal defecto de nuestro sistema político, de tal forma que, mientras no lo corrijamos, no podremos considerarnos una auténtica democracia.
Esta fechoría la cometió el PSOE, pero el Partido Popular ha tenido dos oportunidades, dos mayorías absolutas – una con Aznar y otra con Rajoy – para enmendarla y no lo ha hecho. El PSOE ha corrompido nuestro sistema político por acción y el PP por omisión.
Miriam González nos recuerda el acoso que tuvo por parte del ex-ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, para que no criticase la politización de la justicia española, apelando a su españolidad y corporativismo por ser abogada con prestigio internacional. También nos recuerda que en una época tan próxima como noviembre de 2018, hubo una componenda entre el PSOE de Pedro Sánchez y el PP de Pablo Casado para nombrar al magistrado, don Manuel Marchena, nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una filtración indebida de un dirigente popular provocó tal escándalo, que nos libró de una nueva fechoría, negociada secretamente por los dos principales partidos políticos del país, que se consideran incapaces de formar un gobierno de coalición, que nos libre del peligro cierto de Unidas Podemos y de los separatistas vascos y catalanes.
El lector de este artículo se dirá: pero si Miriam ha dicho todo, si no se ha dejado nada en el tintero. ¿Cuál es, pues, el pecado por omisión?
Miriam afirma más adelante:
“Lo que sí somos en España es más tolerantes con la corrupción y sobre todo con el sistema que la permite. Es incomprensible que todavía haya muchos ciudadanos que sigan votando a políticos corruptos, sin importarles para nada las consecuencias de sus votos”.
En mi opinión, el pecado de omisión de Miriam González es que debería haber escrito:
“Es incomprensible que todavía haya muchos ciudadanos que sigan votando a dos partidos políticos corruptos, al PSOE por acción y al PP por omisión, sin importarles para nada las consecuencias de sus votos”.
Miriam hace un análisis impecable de la situación de nuestra justicia, pero no saca las conclusiones lógicas que se derivan de su propio análisis. Pone el acento en los “políticos corruptos”, algo ambiguo y genérico, cuando el origen del problema tiene nombre y apellidos de todos conocidos. Alfonso Guerra se jactó públicamente de que Montesquieu había muerto, gracias a la fechoría perpetrada por el Partido Socialista y desgraciadamente secundada por el Partido Popular, sin que se libren de esta severa crítica los partidos separatistas catalanes y vascos, que quieren controlar la justicia en sus territorios (o futuras naciones independientes), porque no creen en absoluto en el Estado de derecho (Rule of Law).
¿Por qué actúa así Miriam Gonzalez, por falta de lucidez o por temor? Yo creo que si hubiera escrito el párrafo citado según mi versión, no vendrían a felicitarla los miembros del “establishment” antes citados, que han dominado España durante las últimas décadas y la siguen dominando. Le hubiera pasado lo mismo que le ocurrió con David Cameron, cuando tuvieron una cena los dos matrimonios en Downing Street. Por primera y única vez en toda su trayectoria política, Miriam no se cortó un pelo, porque Cameron cuestionaba el principio de libertad de movimientos de las personas dentro de la Unión Europea. Termina su confesión afirmando: “Obviamente no nos pusimos de acuerdo… ¡Y ni que decir tiene que nunca más me volvieron a invitar a cenar a Downing Street!”.
No fue en esta ocasión, sino en otra, que, con motivo de las tensiones que el Brexit ha provocado en la sociedad inglesa, Miriam se indignó porque se ponía en duda su amor por Inglaterra y su españolidad. A la vallisoletana le salió la bravura española y desahogó su indignación comprando por Amazon una paellera para veinticinco personas, que causó la rechifla general de su familia, porque en su pequeña casa londinense no cabían veinticinco personas, por lo que fue una compra absolutamente inútil. Con este gesto, Miriam demuestra que goza de una buena salud mental, porque los psiquiatras aconsejan que nos desahoguemos de nuestras frustraciones, expulsándolas fuera y no las guardemos, reconcomiéndonos por dentro.
Tengo que agradecer a Miriam González que me informara de la existencia del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), dependiente del Consejo de Europa. El GRECO lleva treinta y cuatro años advirtiendo a España que no tenemos una justicia independiente, requisito indispensable para ser considerado un Estado de derecho, donde impere el dominio de la Ley (Rule of Law). Nuestros políticos han hecho caso omiso durante décadas a las advertencias del GRECO.
Tengo intención de escribir al GRECO para pedirles que sean inflexibles con España, de tal forma que, si no hay una reforma autentica e inmediata que garantice la independencia de la justicia, España sea expulsada del Consejo de Europa, por no haber cumplido uno de sus requisitos fundamentales (la independencia del poder judicial), a pesar de las reiteradas advertencias.
Los españoles sólo reaccionamos cuando nos vemos con el agua al cuello. Puedo demostrar esta afirmación históricamente, pero creo que basta recordar cuando, en plena crisis crediticia mundial, todos los principales mandatarios (EE.UU. y China, incluidos), llamaron a Rodríguez Zapatero para que emprendiese acciones inmediatas y drásticas. En ese momento, se lanzaron algunas de las reformas estructurales necesarias, y, pasado el peligro, volvimos a las andadas.
En la actualidad, la situación de la justicia española es de suma gravedad. Según una noticia publicada por Libertad Digital: “El mundo jurídico está escandalizado por el apoyo de Jueces para la Democracia al pacto PSOE-Podemos: Es puro chavismo” (1).
A mí me ha alarmado la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O. La unanimidad de los magistrados intervinientes no refleja un acuerdo, sino miedo, yo diría que incluso pánico. No se atreven a emitir votos particulares, porque temen la reacción de los medios, como ocurrió con la sentencia de la Manada. El libro de Miriam González es un alegato a favor de la libertad, pero ésta va unida a la responsabilidad. Tenemos que ser libres y responsables de nuestros actos. Ser responsable significa responder, lo cual parece algo obvio. Es decir, exponer las razones por las que hemos actuado de una forma, en vez de otra. Con la sentencia del TS sobre el 1-O, yo observo que los magistrados del TS han eludido su responsabilidad, no han querido aparecer ante la opinión pública como individuos que son, sino como grupo; por eso han optado por la unanimidad. Como dice Miriam, para el liberal prima el individuo sobre el grupo, sobre la manada o el rebaño. Si un magistrado del TS no se atreve a emitir un voto particular, es porque algo funciona mal en la justicia española.
Hablo con conocimiento de causa, porque en febrero del año 2013 escribí una carta al Presidente de Gobierno (don Mariano Rajoy) y otra al Presidente del Congreso de los Diputados (don Jesús Posada), denunciando el nombramiento en Consejo de Ministros de los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, tema que me interesaba por haber desarrollado toda mi vida profesional en el campo nuclear (Central Nuclear de Almaraz, Cáceres).
¿Cabe en la cabeza de algún español, medianamente informado de la política, que un Gobierno del PP proponga para un alto cargo a doña Cristina Narbona del PSOE? Este nombramiento lo que ponía en evidencia es que PP y PSOE se repartían los cargos del CSN como si fuera su cortijo: 2 PP, 2 PSOE y 1 CiU. Así se venía haciendo durante años, pero en este caso también se incumplieron los conocimientos académicos requeridos por la ley, para un organismo regulador eminentemente técnico, porque ni la señora Cristina Narbona (PSOE), ni el señor Castelló Boronat (PP) tenían ninguna de las titulaciones académicas que requería la ley. De esta manera el CSN se estaba convirtiendo en un cementerio de elefantes de los partidos políticos, porque enviaban a allí a los antiguos altos cargos, ya en desuso, atraídos por la elevada remuneración económica del cargo.
Aquí aplica el alegato que hace Miriam Gonzalez en su libro, y que citó el editor en la presentación, por ser uno de los párrafos más vibrantes y logrados del libro:
“Los partidos políticos en España lo pueden todo, lo manejan todo, lo controlan todo, nada les escapa: puestos altos, puestos medios, puestos bajos, puestos nimios, contratos públicos relevantes, contratos públicos irrelevantes, gestión de empresas públicas, reglamentación de empresas privadas, organismos supervisores, universidad, televisión, encuestas, subvenciones…; no hay palo que no toquen. Y lo hacen prácticamente sin controles ni límites. Hay pocas democracias consolidadas donde los ciudadanos les hayan cedido a los políticos tanto poder como en la nuestra.”
Mi denuncia llegó a manos de UPyD que presentó una demanda ante el Tribunal Supremo (TS) (Sala Tercera de lo Contencioso – Administrativo). Sin el apoyo inestimable de UPyD, mi iniciativa no hubiera prosperado.
El 5 de marzo del año 2014 el TS emitió su sentencia (TS 05.03.14). Basta leer la sentencia para darse cuenta de su transcendencia. Puede que fuera la primera vez que se cuestionaba una decisión del Consejo de Ministros. Dictaminó el Pleno de las Sala (31 magistrados) y desde el primer momento hubo una gran conmoción en la Sala, pues se sustituyó a la señora magistrada ponente por otra, más del gusto de la mayoría. Se dictó sentencia en contra de la demanda del Grupo Parlamentario de UPyD respaldada por una amplia mayoría de magistrados (19), pero se emitieron varios votos particulares. Un grupo de tres (3) magistrados emitió un voto particular afirmando, en contra de la mayoría, que al demandante había que reconocerle legitimidad procesal jurídica para presentar cualquier tipo de demanda, pero no la legitimidad procesal ad causam, para este caso particular. Otro grupo de ocho magistrados (8), entre ellos doña Margarita Robles, consideró, en contra de la mayoría, que el demandante (Grupo Parlamentario UPyD) tenía la legitimidad procesal plena, tanto general como ad causam. Concluyó su voto particular, instando a la parte demandante a que presentara un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque se habían vulnerado sus derechos fundamentales. Por último, hubo un (1) magistrado que, en solitario, emitió un voto particular afirmando que, en su opinión, había que entrar en el fondo de la cuestión y concluía que consideraba ilegal el nombramiento de los consejeros del CSN.
La mayoría de la Sala se acogió a la tesis del abogado del Estado, al rechazar de plano la demanda del Grupo Parlamentario de UPyD por carecer de legitimidad procesal general y ad causam, por ser un grupo meramente instrumental, que se creaba en una legislatura pero podía desaparecer en otra. A mí me da la impresión de que, en esta ocasión, el abogado del Estado actuó más como abogado particular del Gobierno, que como abogado del Estado. Hechos recientes me ratifican en esta malévola impresión (dimisión de don Edmundo Bal)
Me llama la atención que, ante una división tan evidente de los magistrados de la Sala Tercera, el presidente de la misma no hubiera aplicado el principio “in dubio pro actione”, propio del Derecho administrativo, que dice que, en caso de duda – y aquí ciertamente la había, pues la Sala estaba dividida – no se debía quedar en las formalidades, sino entrar en el fondo de la cuestión. (El principio “in dubio pro actione” es similar al principio “in dubio pro reo” del derecho penal). Sólo un magistrado de la Sala quiso entrar en el fondo de la cuestión, y, en mi opinión particular, salvó el honor de la Sala Tercera, como nos cuenta la Biblia.
Quiero hacer notar que hace cinco años los magistrados del TS emitían votos particulares, incluso en sentencias controvertidas y transcendentes. Mucho se ha tenido que deteriorar la situación de nuestra justicia, para que ahora los magistrados no se expresen a título individual, como personas que son; sino en grupo, colectivamente: por unanimidad.
Por otra parte, muy seguros tenían que estar los ocho magistrados del segundo grupo, para conminar a la parte demandante (UPyD) a que presentara un recurso de amparo ante el TC, porque esa iniciativa va en contra de la esencia misma del Tribunal Supremo, que es el tribunal de última instancia, por definición.
Ni que decir tiene que UPyD presentó su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional el 13 de mayo de 2014. Si en cinco años no se ha pronunciado un tribunal, difícilmente se puede decir que hay justicia en España y que el TC garantiza nuestros derechos fundamentales.
Este ejemplo pone de manifiesto la situación dramática de nuestra justicia, que necesita el respaldo firme y decidido de todos los ciudadanos, frente al acoso y manipulación que sufre por parte de los partidos políticos. Sólo una justicia libre e independiente es la que puede garantizar nuestros derechos y libertades
Sólo un apunte final. Al cesar como diputada la señora doña Cristina Narbona, se nombró como diputado sustituto a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, actual presidente de Gobierno en funciones. Siendo miembro del Congreso de los Diputados pudo así emprender su carrera política, llegando hasta la presidencia de Gobierno a través de una moción de censura, que salió adelante gracias al respaldo de los separatistas catalanes cuyos dirigentes han sido juzgados y condenados por sedición.
El Partido Popular ha pagado justamente por sus errores, al promover como candidata a consejera del CSN a doña Cristina Narbona. Cumpliéndose así el dicho que afirma que el aleteo de una mariposa en el Amazonas puede provocar un huracán en Nueva York. Lo malo es que la penitencia del PP por sus pecados de acción y omisión la estamos pagando todos los españoles
En una entrevista que publicó El Mundo el sábado 16 de noviembre, bajo el epígrafe “LOS INTELECTUALES Y ESPAÑA”, Miriam González hace la siguiente afirmación:
“VOX: Me sorprende que surja ahora en España un partido así”.
Lo que a mí me extraña es que Miriam se sorprenda de VOX y no se escandalice por las fechorías que han perpetrado PP y PSOE, sin contar – por obvio – el peligro que encierra Unidas Podemos o los separatistas catalanes y vascos. La gente en general se escandaliza sólo por la corrupción económica; pero para mí es mucho más grave la corrupción institucional, porque corrompe el sistema.
En cualquier caso, Miriam González explica la extraña aparición de VOX en su propio libro, al afirmar:
“Hoy en día hay sectores enteros de la población que manifiestan opiniones que durante muchos años se habían callado, rompiendo la corrección política que se había adueñado del discurso público y votando abiertamente en elecciones en las que hasta ese momento nunca habían participado”.
De nuevo, llego a la misma conclusión: la autora hace análisis lúcidos, pero no extrae de ellos las consecuencias lógicas que se deducen. En mi opinión, está dominada por determinados prejuicios, propios de la dictadura de lo políticamente correcto en la que estamos inmersos; en particular sobre la Transición española, sobre la que tiene una visión estereotipada.
Lo intuí en la propia presentación, y al abrirse el turno de preguntas, levanté la mano para hacer la primera pregunta, que formulé en los siguientes términos:
“España tiene muchos defectos, pero también tiene algunas virtudes que conviene reconocer. Usted se llama Miriam González porque es española, nacida y educada en España. Si hubiera nacido en Inglaterra se llamaría Miriam Clegg, habría perdido su apellido y adoptado el de su marido. Así ha ocurrido con Margaret Thatcher y con Hilary Clinton”.
La respuesta de Miriam fue decir que yo estaba equivocado, que en el Reino Unido se puede elegir el apellido del marido o mantener el propio.
Yo no he vivido largos años en el Reino Unido, como Miriam González, sino que sólo he estado de paso, de turismo. No conozco los entresijos de la vida inglesa, como puede conocerlos Miriam. Por lo tanto, de entrada, creo lo que me dice; pero constato que en el mundo anglosajón ha habido cuatro mujeres, que han alcanzado la cúspide del poder: Margaret Thatcher, Theresa May, Hilary Clinton y Angela Merkel. Las cuatro, pudiendo haber mantenido su propio nombre, optaron libremente por adoptar el del marido. Esto no ocurre en España y de ello nos podemos sentir orgullosos, aunque de muchas otras cosas tengamos que sonrojarnos.
Hay muchos temas de interés que se pueden comentar del libro de Miriam González Durantez, pero ha llegado la hora de poner fin a este artículo.
Tengo un par de noticias para el lector que haya tenido la paciencia de llegar hasta aquí: una buena y otra mala. La buena es que, si se decide a leer el libro de Miriam, estoy seguro de que no le defraudará. La mala es que Miriam nos urge a hacer una reforma liberal en España y esto significa que la tiene que hacer usted, porque no la van a hacer los partidos políticos que han usurpado, solapada y descaradamente, el poder que pertenece a todos los españoles. El título del libro es imperativo: “Devuélveme el poder”, porque en esta ocasión quienes han “okupado” el poder no lo van a soltar tan fácilmente como las Cortes franquistas, que voluntariamente se hicieron el haraquiri. Ánimo, lector, y a la tarea.
Referencias
- Libertad Digital. “El mundo jurídico está escandalizado por el apoyo de Jueces para la Democracia al pacto PSOE-Podemos: Es puro chavismo”
