Venezuela y el referéndum revocatorio

«Una de las pruebas del liderazgo es la capacidad de reconocer un problema antes de que sea una emergencia»Arnold H. Glasow
Después de más de tres lustros en el poder, el Proyecto Bolivariano que gobierna la República Bolivariana de Venezuela atraviesa una profunda crisis que se ve reflejada tanto en el mercado económico, como en el orden social y en el equilibrio de las instituciones.
El presidente Nicolás Maduro se enfrenta a durísimas tribulaciones que afectan severa y angustiantemente los derechos de toda la población. Éstas se deben al gravísimo desabastecimiento de medicinas y alimentos, los altos índices de delitos, el bajo nivel de generación de energía y la falta de profundización en la creación de una economía socialista. La propia versión de la realidad del país ya no sólo se torna palpable desde el núcleo mismo de la sociedad, sino que se ha extendido como un virus a toda la región, convirtiéndose en un problema gravemente globalizado.
Ante la crisis económica y la escasez de productos – terreno sumamente fértil para la proliferación de la corrupción y los delitos transnacionales- el primer mandatario ha decretado un Estado de Excepción y de emergencia económica, que se ha prorrogado hasta septiembre de 2016, con miras a extenderlo hasta 2017.
El gobierno asegura que con ello se pretende estabilizar a la República de las amenazas de posibles golpes de estado, pero lo cierto es que la verdadera finalidad perseguida es la de derogar el ordenamiento jurídico nacional e internacional, así como suspender el ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la protección de los derechos humanos.
El Estado venezolano, entendido no sólo como institución y espacio de regulación social, sino también como laboratorio de ensayo y error de las políticas desarrollistas implementadas desde hace más de quince años, se encuentra agonizante.
Si bien es cierto que a cada estructura económica le corresponde históricamente un tipo específico de estado y sociedad, el modelo bolivariano se corresponde con un Estado vaciado y una sociedad desgarrada por las permanentes violaciones de sus derechos fundamentales.
La crisis del relato ya no se esconde, y por más que el gobierno pretenda continuar ejerciendo un severo control político-ideológico, echando mano a todo elemento que le resulte útil para sostenerse en un poder completamente debilitado, las usinas de producción intelectual y capacidad de presión, constituyen un núcleo creciente de sostenida influencia social.
En este contexto, los miembros de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y más del setenta por ciento de la población venezolana, han solicitado -de acuerdo con la Constitución- la convocatoria de un referéndum que decida la permanencia o la revocatoria del mandato del Jefe de Estado y la celebración de elecciones generales.
A lo largo de las semanas, y a medida que la idea del referéndum se ha ido haciendo más palpable, funcionarios gubernamentales y de una Justicia domesticada desde el poder, han aplicado todas las trabas posibles tendentes a sabotear los pasos previos a la rúbrica del revocatorio.
Mediante una secuela de maniobras dilatorias conocidas como «Operación Morrocoy», intentan entorpecer la totalidad del proceso de validación de firmas para la activación del revocatorio, no logrando hasta ahora su firme cometido.
Sin embargo, esta suerte de matriz constitucional, que opera más como una especie de dharma político que de disrupción de un gobierno democrático, continúa sosteniéndose a pesar de todos los embates que pretenden igualarla, sin éxito, a un golpe de Estado parlamentario.Así, una mayor tensión en el ámbito nacional, está generando una mayor presión por parte de la comunidad internacional. Quince países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su secretario general Luis Almagro, han exhortado a la República Bolivariana a la realización del referéndum en un ámbito de diálogo honrado y sin dilaciones innecesarias, ofreciéndose a enviar observadores tanto para el proceso de recogida de firmas, como para la marcha bautizada como «Toma de Caracas», que se realizará en la capital de la República el primero de septiembre de 2016, en la que el pueblo exigirá el desbloqueo del revocatorio.
La derrota chavista en este revocatorio, si ocurre antes de que termine el año 2016, provocaría la convocatoria de elecciones presidenciales con un más que previsible cambio de gobierno, que iniciaría una nueva etapa de convivencia política, donde los sectores democráticos y honrados podrían actuar con los mismos derechos y posibilidades que las otras fuerzas de coalición.
La emergencia en que se encuentra subsumido el Estado venezolano, exige encaminar todas las acciones hacia un proceso de reconciliación nacional que evoque un auténtico cambio del sistema político, económico y social. La solución que la desgarrada sociedad venezolana está exigiendo, es ni más ni menos que la transformación de los poderes y políticas públicas, la re-definición de la relación Estado-Sociedad, la superación definitiva y estructural de la pobreza, el fin de la corrupción –con todo lo que ello trae aparejado- y, por supuesto, el respeto de todos los derechos, garantías y libertades.
Parafraseando al líder originario del movimiento Bolivariano y antecesor del actual presidente Maduro, Hugo Chávez, resulta conveniente recordar una de sus frases célebres «Son tiranías disfrazadas de democracia lo que hemos tenidos en estas tierras durante mucho tiempo. Hay que… construir un nuevo Estado Social, una república nueva que sea expresión del poder constituyente.»