Nada más ocupar su sitio en el Consejo de Seguridad, Margallo mostraba su satisfacción por la designación de España para la Presidencia de los Comités sancionadores de Corea del Norte e Irán. Encargo envenenado, por razones geopolíticas obvias y porque nuestro país no cuenta con los resortes de mediación necesarios. Por ello gestionará, al carecer de personalidad internacional propia en la zona, de forma inducida y carente de la neutralidad necesaria en misiones de esta índole.
Existe en la ONU un contencioso que sí afecta directamente a nuestros intereses al incidir de manera negativa sobre nuestro prestigio internacional. En el Sahara occidental, nuestra última colonia en África, sus habitantes no han podido ejercer su derecho a la libre autodeterminación a pesar de las cuantiosas Resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Dos miembros permanentes de este último, EEUU y Francia, han respaldado el neocolonialismo marroquí, sin una razón de seguridad que lo justifique, ya que la legalidad internacional no contempla el colonialismo aunque sea de naturaleza árabe.
Todos los años aparece el Sahara como uno de los territorios pendientes de descolonizar y la ONU asigna la administración del mismo a España. Que en su día por la presión de EEUU y Francia, firmó los acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania por los que cedía el Sahara a estos dos países africanos. Cesión contraria a la letra y espíritu de la Carta de San Francisco; de ahí que la ONU no haya reconocido la validez de esos acuerdos. En resumen, no hay un solo país del mundo que a día de hoy haya reconocido la soberanía marroquí, sin embargo la administración de ese territorio, para la comunidad internacional, está bajo nuestra responsabilidad aunque el ocupante sea otro. Me parece que con los datos expuestos hay materia más que suficiente para reactivar una línea de acción diplomática acorde con nuestros intereses y con nuestra responsabilidad internacional.
En el mismo ámbito de la descolonización, Gibraltar es la última colonia existente en Europa. Este contencioso es a todas luces anacrónico, pues Gran Bretaña es un aliado de la OTAN y un socio de la UE. Los británicos se escudan en lo importante que para ellos es el destino de los gibraltareños. Sabemos, y ellos también, que los llanitos no son la población autóctona pues la población hoy existente en la Roca es descendiente de los colonos traídos después de la conquista. También sabemos ambos que la población es un tema menor si existen intereses políticos que defender, como cuando Gran Bretaña entregó a China Hong – Kong. Negociar una alianza firme siempre puede ser mucho más seguro que poseer un puerto que ya no es lo que era; sobre todo si esa alianza te permite un apoyo naval y logístico más sólido.
En relación con los Derechos Humanos, tampoco el gobierno está actuando con la dignidad que a muchos españoles les gustaría. El 19 de enero el Gobierno de España negaba el asilo político a Hassanna Aalia, condenado el 2013 en rebeldía por Marruecos a cadena perpetua, como uno de los responsables del campamento de Gdeim Izik en el 2010. Protesta de los saharauis del Aaiun en torno a sus condiciones de vida y que el ejército y la policía marroquíes desmantelaron, asesinando a un número todavía desconocido de saharauis, entre ellos uno con nacionalidad española. Observadores internacionales de Amnistía Internacional y de Human Rights que asistieron al juicio del 2013 coincidieron al señalar en sus informes que: 1º los acusados no gozaron en el juicio de las mínimas garantías legales y 2º las confesiones de los acusados se obtuvieron bajo tortura.
Rajoy y su gobierno con esta decisión no hacían más que seguir la vergonzosa postura mantenida por ZP y su gobierno en el 2010. Como contrapartida a Margallo sí le sensibiliza mucho el problema palestino. Parece claro que la sensibilidad del gobierno español respecto a los Derechos Humanos es inversamente proporcional a la responsabilidad que se tiene hacia la comunidad amenazada.
Finalmente, el viaje de Felipe VI al funeral del rey saudí es la muestra de la importancia que el dinero tiene en España. Por encima de los principios democráticos y también sobre el prestigio internacional de España.
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