Balas y votos: el desafío venezolano

Samuel Ferreira

El politólogo italiano Gianfranco Pasquino, en sus estudios acerca de la participación como categoría esencial del análisis político, nos recuerda que una de las principales conquistas del constitucionalismo clásico ha sido transitar desde la violencia (pre-política) hacia los procesos electorales democráticos y competitivos. Precisamente, la superación de la violencia y resolución pacífica de las controversias entre humanos ha supuesto la sustitución de “las balas” (bullets) por los votos y papeletas electorales (ballots).

Tras cumplirse noventa días de intensas protestas en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro sorprendió al mundo con una polémica declaración: “lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas”. Sin duda, esa llamada explícita al recurso de la violencia genera diversas preocupaciones, y todo tipo de conjeturas en torno a lo que pudiera ser el desenlace de una profunda crisis estructural de la democracia venezolana; más aún, teniendo en cuenta que la espiral ascendente de la violencia, transcurridos los primeros tres meses de protestas y enfrentamientos, ha conllevado la muerte de más de un centenar de venezolanos.

La resolución de los desacuerdos en sistemas verdaderamente democráticos implica, de algún modo, el reconocimiento del adversario como un interlocutor válido. Lo que evidenciamos actualmente en Venezuela es una sociedad severamente fracturada, y una institucionalidad cada vez más precaria que ha sido cooptada por el autoritarismo y el pretorianismo. Ahora bien, en ese contexto de altísima volatilidad, conflictividad política y violencia desbordada, ¿cuáles son las posibilidades para construir las bases del entendimiento colectivo que tanto demanda actualmente Venezuela?

Sin lugar a dudas, cualquier escenario de transición política desde el autoritarismo hacia un sistema más abierto y plural, requiere –en algún punto del conflicto- que los principales actores políticos y sociales adelanten procesos de negociación. Ésta última palabra, bastante impopular en el actual imaginario político venezolano, deja el camino abierto, de momento, para el incremento de la violencia política. Decía Claussewitz, “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Al cerrarse las posibilidades institucionales para resolver diferencias aparentemente irreconciliables, la sociedad no encuentra mecanismos pacíficos para expresarse ni para incidir en la compleja dinámica de las decisiones públicas. Por tanto, en el corto plazo, el escenario de la “violencia desbordada” es el más probable en la crisis venezolana.

En buena medida, la actual coyuntura plantea interrogantes en torno al sector militar venezolano. A nuestro modo de ver – en algún punto del conflicto- el estamento castrense pudiera ser decisivo (las Fuerzas Armadas han sido crecientemente ideologizadas y partidistas desde tiempos de Hugo Chávez, violando abiertamente lo establecido en el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Tales presiones políticas –que nada tienen que ver con las funciones que asigna la Constitución Nacional a ese componente- han erosionado la credibilidad y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas venezolanas.

A propósito del “monopolio legítimo de la violencia” como base del Estado soberano moderno –tal como lo planteaba Weber- es preciso destacar la presencia suficientemente comprobada y documentada de “colectivos paramilitares” en Venezuela, agentes irregulares que cuentan con “poder de fuego” y que operan a la sombra del Estado[1].

En efecto, recientemente han proliferado análisis acerca de la posibilidad de que Venezuela pueda convertirse en un “Estado Fallido”. Más allá de las consideraciones teóricas sobre esa temática compleja, que tiene que ver con las capacidades y funciones básicas del Estado, lo que sí evidenciamos en Venezuela es la mutación degenerativa de un Poder Ejecutivo Nacional (democráticamente electo) transformado en un “gobierno forajido”, el cual efectúa llamadas públicas a la violencia, vulnera Derechos Humanos y retuerce la legalidad a fin de perpetuarse en el poder. Inclusive, altos funcionarios -civiles y militares- del actual Gobierno venezolano han sido sancionados por los Estados Unidos bajo acusaciones de presunta colaboración con redes de narcotráfico internacional.

El escenario de “negociación límite” que plantea Benigno Alarcón, Director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, implica que los “costos de salida” del actual gobierno deben ser menores a los “costos de mantener la represión”. Es decir, que necesariamente el Gobierno venezolano debe percibir y contemplar en su “cálculo estratégico” que una eventual “salida negociada” le deja en mejores condiciones que mantener su autoridad a través del mecanismo de la fuerza. En tales términos, una eventual transacción negociada implicaría el otorgamiento de ciertas prerrogativas jurídicas a funcionarios que puedan estar involucrados en delitos sancionados por las leyes internacionales.

En vista de la convocatoria fraudulenta de una Asamblea Nacional Constituyente por parte del actual gobierno, la agenda de la coalición opositora (Mesa de la Unidad Democrática) está centrada en la movilización de la ciudadanía y la realización de una consulta popular, dirigida y organizada por la Asamblea Nacional (de mayoría opositora, y electa por más de 14 millones de venezolanos en los comicios parlamentarios del año 2016). De aprobarse la Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro -en las condiciones que han sido convocados estos comicios, a todas luces ilegales e inconstitucionales- Venezuela presenciaría, quizás, una gran rebelión popular en defensa del actual ordenamiento jurídico del Estado, reafirmando la autoridad de sus representantes al Parlamento, y refrendando así la expresión mayoritaria de una ciudadanía que eligió a sus diputados mediante el sufragio libre, universal y directo.

Así pues, el “choque de trenes” parece inevitable. Las próximas semanas serán decisivas y de altísima conflictividad social, mientras que la comunidad internacional, y en particular la región latinoamericana, se mantendrán expectantes ante los acontecimientos que puedan producirse en Venezuela, país que desde 1958 (derrocamiento de la última dictadura militar) ha sido una de las democracias más sólidas del continente americano.

[1] https://www.derechos.org.ve/paramilitares-investigacion/colectivos-se-fortalecen-con-la-ausencia-del-estado