El separatismo como problema político

La declaración de independencia de los separatistas catalanes de 2017 ha sido la última desde que se inició la historia constitucional española. Porque si bien en las anteriores se afirmó que Cataluña era un Estado, pero federado con la república española (1873), o que una vez declarada la república catalana, se deseara formar parte de una confederación con los demás pueblos ibéricos (Maciá en 1931), o que proclamado el estado catalán este quedaba integrado en la República Federal Española (Companys en 1934), lo que subyacía en todas ellas era la pulsión soberanista. Y sólo quien es soberano e independiente puede decidir si se une a otros bajo determinado modelo organizativo. Si se dice que se desea seguir formando parte de España en una federación o confederación, ello obedece más bien a la debilidad de los nacionalistas que no se sienten lo suficientemente fuertes como para romper en un solo acto con España.

Durante la Segunda República se inició un proceso descentralizador y federalizante. Si bien la Constitución no definía un Estado federal, esta era, de hecho, una constitución federalizable, como escribió Niceto Alcalá-Zamora en Los defectos de la Constitución de 1931. De ahí, que se elaboraran tres estatutos (Cataluña, Vascongadas y Galicia), aunque sólo el de Cataluña entró en vigor antes de la guerra, y se iniciaran otros procesos estatutarios en diversas regiones. Ello fue debido a la creencia en la solución autonómica para España, como fue defendida por Ortega, y en el proceso descentralizador con carácter federalizante. Con la Transición este proceso se renovó con mayor intensidad, incluyendo el término nacionalidades en la Constitución de 1978, y desarrollando el Estado de las Autonomías que, en realidad, es ya un estado federal. La principal objeción a estas políticas de organización territorial, federalizantes y descentralizadoras, es la existencia de nacionalismos regionales, cuyo objetivo político es la independencia de sus regiones. Y si los nacionalistas afirman su deseo de formar parte de una España federal, es porque ven en ello la compleción de una etapa en el camino hacia la independencia.

En 1932 se debatió el proyecto de Estatuto de Cataluña en las Cortes de la República, siendo aprobado el nueve de septiembre, no sin antes sufrir importantes recortes y modificaciones. Muchos historiadores y estudiosos al prestar atención a ese periodo tienen la sensación de que no hay nada nuevo bajo el sol. Y ciertamente, todas las líneas maestras del nacionalismo regional y sus argumentos los encontramos ya ahí. De entre las intervenciones más destacadas en las Cortes destacaron las de Ortega y Azaña. El filósofo pensaba que el problema catalán no tenía solución, y que este tenía que conllevarse tanto por unos como por otros sin más remedio. Azaña le replicó que se trataba de un problema político y que, como tal, tenía una solución política. Pero ambos llegaron a fin de cuentas a la solución autonómica para Cataluña. Tal solución política ha consistido a lo largo del tiempo en intentar el encaje de Cataluña en España. Con ello, se asume que Cataluña no está encajada en España, porque existe una situación de agravio que produce descontento. Y de ahí, la cesión de competencias y servicios para contentar a los agraviados. Hoy se sigue en esa línea, la de transferir competencias estatales a Cataluña y, por extensión, a todas las regiones con partidos nacionalistas fuertes. Por ello, cuando la mayoría de los políticos de hoy hablan de buscar una solución política lo hacen en el sentido expresado por  Azaña.

Pero la solución política así entendida antes que solucionar el problema lo que hace es servir de contención al mismo. Puede que durante un tiempo el nacionalismo regional se aplaque. Mientras tanto irá acumulando fuerzas, construyendo las estructuras de un futuro Estado, conformando una sociedad nacionalista y, por tanto, excluyente; hasta que se decida a llevar a cabo un nuevo intento secesionista, pues se observa que es este un fenómeno recurrente en la historia española. Como consecuencia de esta política irán aumentando las diferencias económicas y sociales entre españoles al dar ventajas a unas regiones frente al resto. También surgirán por competencia nuevos nacionalismos regionales donde antes eran débiles o no existían.

Los partidos de izquierda españoles defendieron el derecho de autodeterminación en los años de la Segunda República y de la Transición. Es una táctica de los partidos de izquierda marxistas o derivados del marxismo el apoyar el derecho de autodeterminación o, como se dice ahora, el derecho a decidir. No porque ese sea su objetivo político -el nacionalismo es lo propio de la burguesía- sino porque es una táctica tradicional entre los partidos marxistas dentro de su estrategia de conquista del poder. Es cierto que Lenin negaba el derecho de autodeterminación para aquellos países que hubiesen completado la transformación democrático-burguesa, que en el caso de Europa Occidental se produjo desde la Revolución francesa hasta 1871, aunque no deja de ser este un tema de discusión entre los marxistas. No obstante, el análisis marxista de la realidad atiende a las circunstancias del momento, la realidad es cambiante y también las tácticas que emplean los comunistas.

Tanto Lenin, Stalin y Trotsky defendían y apoyaban el derecho a la autodeterminación como táctica para conquistar el poder. Trotsky lo hacía refiriéndose concretamente a España en los años de la Segunda República. Aunque la izquierda actual esté situada en el postmodernismo, y defienda causas alejadas de la doctrina tradicional marxista o marxista-leninista, de modo que muchos de sus miembros seguramente verían con alegría infantil la ruptura de la nación española, es, a mi modo de ver, el fundamento marxista que nutre todavía a estos partidos, aunque esté desdibujado u oculto a conciencia y, la táctica tradicional comunista para conquistar el poder, que sigue actuando, lo que explica el apoyo al derecho de autodeterminación. Este principio táctico se expresa en las palabras repetidas con frecuencia por los miembros de Izquierda Unida-Podemos: “no queremos que Cataluña se separe de España, pero apoyamos el derecho a decidir”.

En los años de la Transición, tras el Congreso de Suresnes, el PSOE defendía el derecho de autodeterminación de las nacionalidades y una República Federal. La postura del PSOE a este respecto hoy día es contraria al derecho de autodeterminación, aunque sigue defendiendo el federalismo. No siempre ha sido la solución federal la opción de organización territorial sostenida por el PSOE. Por ejemplo, en la Segunda República se rechazaba el federalismo en favor del autonomismo. Tampoco la plurinacionalidad de España ha sido seña de identidad tradicional del PSOE. El PSOE se ha caracterizado por albergar pluralidad de opiniones en su interior creándose en ocasiones sectores enfrentados verdaderamente enemistados. Aníbal Sánchez escribía en 1931 un artículo en El Socialista[1] contra el federalismo y en defensa de una única nación. Decía: “Creemos que se piensa en el federalismo, más como una fórmula de concordia y un medio de no entrar en discusión que pueda parecer enojosa, que con la convicción de que responde a una necesidad nacional. […] A nuestro juicio, no puede ser otra [la materia de la Constitución] que todo el país español, tal y como políticamente ha sido objeto de constitución hasta ahora; es decir, una sola nación, quedando, por tanto, excluida toda idea federalista”. Por el contrario, en marzo de 1936, en el diario del sector largocaballerista se defendía el derecho de autodeterminación de cualquier provincia o región, “incluso hasta la independencia”,[2] dentro del proyecto de reforma del Programa del Partido Socialista, donde también se defendía la dictadura del proletariado, siendo el PSOE el órgano de esta dictadura en el periodo de transición a la sociedad socialista.  Cuatro meses más tarde estallaba la guerra civil.

En la actualidad, algunos de los partidos de izquierda siguen apoyando el derecho de autodeterminación y los partidos que suelen alternarse en el gobierno siguen apostando por la solución política que persigue contentar a los nacionalistas regionales por medio de cesiones de competencias y privilegios económicos. Además, está muy extendida la convicción de que la secesión e independencia de una región española es una aspiración legítima. El secesionismo no es visto como un problema ni se quiere ver como tal. La confusión entre golpe de Estado y secesionismo -cuando ambas son cosas distintas- es, considero, síntoma de ello. Así pues, si no hay un cambio en la relación de fuerzas o en la política seguida hasta ahora; o bien, si no se producen cambios significativos en el sistema político, todo parece indicar que se producirán nuevos desafíos e intentos secesionistas en el futuro.

 

[1]             El Socialista, Unitarismo y federalismo, nº 6984, 28 de junio de 1931

[2]             Claridad, nº 39, 19 de marzo de 1936