Una reforma profunda, urgente e imprescindible de la Constitución

Muchos españoles estamos alarmados, asustados, angustiados, ante la demolición sistemática por parte del actual Gobierno de los pilares que sustentan el Estado de Derecho. Algunos comentaristas políticos dicen que esto es consecuencia de la enorme presión que ejercen sobre el Gobierno socialista – actualmente en minoría parlamentaria – sus socios de investidura y coalición: podemitas, comunistas, separatistas vascos y catalanes, bilduetarras, etc. Otros consideran que es el propio presidente de Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, quien dirige al equipo de demolición del orden constitucional del 78, que, con sus notarias deficiencias, nos ha permitido vivir en paz y con prosperidad los últimos 44 años, llegando a ser motivo de admiración y ejemplo para otros países.

Durante las últimas cuatro décadas han convivido en España pacíficamente gentes de ideas muy diversas, incluso diametralmente opuestas. Piénsese que durante ese tiempo convivieron en España, sin recibir amenazas ni “scraches” hasta su fallecimiento, personajes tan diversos como La Pasionaria, Santiago Carrillo, Carmen Polo de Franco y su hija Carmen Franco, etc. Hoy día, esa convivencia sería impensable.

En parte, la causa del problema de convivencia que hoy padecemos es que ha llegado al Poder una generación que no vivió la Guerra Civil, ni el Franquismo, ni la Transición. Que se encontró con un país próspero y en paz, integrado en la Unión Europea y en la OTAN, donde la gente organizaba su vida en libertad, sin que nadie le dijera lo que tenía que comer, a qué hora tenía que poner la lavadora o el lavavajillas, o qué coche comprar, si de gasolina o diesel, o lo que tenía que plantar para proteger la cubierta vegetal. Esta nueva generación que le ha sido dado todo, incluso a alguno la tesis doctoral o bien una licenciatura exprés, está dispuesta a tirar la casa por la ventana, a destruir la labor que con tanto esfuerzo hicieron sus mayores.

Obviamente sería injusto afirmar que este defecto es achacable a todos los miembros de la generación del Presidente del Gobierno (nacido en 1972), porque la inmensa mayoría ha alcanzado su puesto de trabajo, y un cierto bienestar o buen pasar, después de trabajar duramente muchos años en el campo, en el comercio, en la industria, o en la universidad y en la empresa. Pero sí que se puede afirmar, sin caer en el error, que muchos de nuestros políticos actuales están ocupando los puestos de máxima responsabilidad sin haber hincado los codos, o sin que les hayan salido callos en las manos por trabajar en el campo o en la industria. Lo cual, en sí, es una extraordinaria injusticia, impropia de un Gobierno que se autodenomina progresista y obrero. Por curiosidad, ¿alguien me puede decir cuantos diputados del PSOE tienen callos en las manos, por haber trabajado en el campo o en la construcción?

¿Qué pasa en este país que a las más altas magistraturas acceden aquéllos que en su vida han dado un palo al agua?

Ante estos hechos, no es de extrañar que el actual Gobierno pretenda suprimir el mérito y la capacidad, demostradas públicamente en oposiciones abiertas, para acceder o ascender dentro de la Administración del Estado, y, en su lugar, opte por el camino arbitrario de la libre designación, o usando atajos similares dentro de la promoción interna, que lo único que garantizan es el servilismo a ultranza (Cuarto turno en la Justicia).

Muchos observamos con estupefacción y horror, cómo el actual Presidente de Gobierno se pavonea, un día sí y otro también, de demoler alguno de los pilares del Estado de Derecho. Como, por ejemplo, al conceder el indulto a los separatistas catalanes, condenados por actos de sedición tras un juicio justo; a pesar de que Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, dijo que los disturbios de otoño del 2017 eran claramente un acto de rebelión. En cualquier caso, los condenados por sedición se aprovecharon de ocupar las más altas magistraturas de la Comunidad Autónoma de Cataluña para proclamar unilateralmente durante unos minutos la República de Cataluña, demostrando con sus acciones su deslealtad al Estado español. El indulto, por parte del Gobierno de España a los separatistas catalanes, demuestra un desprecio absoluto al Tribunal Supremo (TS) en particular, y a la Justicia en general.

No conforme con este desaguisado, el actual Gobierno ha eliminado el delito de sedición, convirtiéndolo en otro de disturbios callejeros, con penas mucho menores; como concesión para obtener el respaldo de los sediciosos catalanes a los presupuestos del próximo año. Sus socios separatistas han dicho en público que volverán a hacerlo, y, en este caso, les saldrá gratis. Con esta acción, el Gobierno ha dejado al Estado español sin sus defensas. Es decir, ha eliminado deliberadamente el sistema inmunológico de nuestro Estado.

Los sediciosos catalanes fueron también condenados por el TS por malversación de los caudales públicos, que utilizaron para financiar el proceso de independencia, en vez de dedicarlos a la gestión eficaz de la administración de la Comunidad Autónoma de Cataluña. El Gobierno de Sánchez, con la complicidad del PP de Pablo Casado y Teodoro García Egea, cambió a los miembros del Tribunal de Cuentas, de tal forma que los nuevos miembros de dicho Tribunal exoneraron a los condenados por el TS del pago con su patrimonio personal del aval correspondiente.

No siendo suficiente esta fechoría, el Gobierno social comunista ha anunciado ahora que piensa modificar el delito de malversación para que, siempre que no haya enriquecimiento personal, no haya delito de malversación, aunque los fondos se hayan utilizado de forma fraudulenta para financiar el proceso de independencia, o favorecer a su clientela, como sucedió con los ERE´s de Andalucía. Y uno se pregunta: ¿No es un enriquecimiento personal manifiesto permanecer en un alto cargo durante años, gracias al uso indebido de los fondos públicos y la red clientelar creada ex profeso?

Otra deslealtad a España, y a todas las víctimas del terrorismo etarra, que cometió la mayoría de los asesinatos en plena democracia, ha sido el traslado a las cárceles del País Vasco de los presos etarras, para que allí reciban un tratado de favor y, más pronto que tarde, les concedan la libertad en la práctica, en loor de multitudes.

El lector conoce perfectamente todos estos hechos; pero ha sido necesario enumerarlos para afirmar que nuestro Presidente y todo su Gobierno han sido desleales a España y están inmersos en una campaña de demolición de los pilares del Estado de Derecho, cuando en la práctica anulan o ridiculizan en público la acción de los jueces.

Un Estado de Derecho fuerte es fundamental para garantizar la convivencia pacífica de personas con ideas muy diferentes, incluso diametralmente opuestas. Todos, sin excepción, tienen que estar sujetos al imperio de la Ley, los gobernantes también. Aquí

nos encontramos que nuestros gobernantes quieren que la ley no se les aplique. Hablan, sin tapujos, de desjudicializar la política; concretamente en lo referente al proceso de independencia de Cataluña. Mientras que con el mismo desparpajo pretenden politizar la Justicia.

Ante estos graves hechos los ciudadanos no podemos permanecer inactivos. Queremos seguir viviendo en paz, defendiendo nuestras ideas con entusiasmo, incluso con pasión; pero siendo conscientes de que todos somos responsables de nuestros actos y que estamos sujetos al imperio de la Ley. Los gobernantes y los políticos también, no pueden ser una excepción.

Por eso propongo una reforma imprescindible de nuestra Constitución.

Cuando observamos que un Presidente de Gobierno es desleal con la Nación, que socava los cimientos de un Estado de Derecho fuerte y que se aferra al poder a cualquier precio, prolongando la legislatura hasta el límite permitido y un poco más. Uno se pregunta: ¿por qué tenemos que respetar la prerrogativa de un Presidente que no respeta nuestros derechos y libertades, como se ha demostrado durante la pandemia con las sentencias del Tribunal Constitucional?

Mi propuesta es la siguiente: que los ciudadanos, no los partidos políticos, puedan pedir que se anticipen las elecciones, si consiguen un apoyo popular equivalente a un tercio del número de electores de la última elección general. En el supuesto de conseguir el tercio de apoyos requeridos, en el plazo de uno a dos meses como máximo, se deberían convocar elecciones generales. En las nuevas elecciones, el Presidente en cuestión podría volver a salir elegido, si consigue la mayoría parlamentaria necesaria. Por lo tanto, no implica su destitución inmediata; sino la anulación o limitación de su prerrogativa de ser el único que tiene derecho a convocar elecciones.

El procedimiento propuesto creo que es indiscutiblemente democrático. Y responde al hecho de que el Soberano, el que tiene la última palabra, es el Pueblo (We, the People); es decir, todos los españoles en su conjunto y nadie en particular.

El Presidente de Gobierno es, en resumidas cuentas, el presidente de una comunidad de vecinos; en este caso, los vecinos son los españoles. Muchos conocemos el funcionamiento de las comunidades de vecinos, porque vivimos en alguna de ellas. Por ley, la soberanía radica en la Junta General de Vecinos legalmente constituida; pero como dicha junta no se puede reunir de forma permanente, delega en el Presidente la solución de los problemas que se presentan con frecuencia, como el arreglo de las humedades o inundaciones, o el cambio del sistema de calefacción, si previamente ha sido aprobado por la Junta General. Pero para lo que no está autorizado el Presidente es para cambiar los cimientos del inmueble. Esto es lo que pretende hacer nuestro actual Presidente, Pedro Sánchez, sin consultar al pueblo soberano. Don Pedro Sánchez Pérez- Castejón es el presidente de la comunidad de vecinos españoles, ni más ni menos. Tiene que hacer frente a los problemas que surgen a diario, como una grave pandemia, un volcán en la isla de la Palma, o una crisis energética mundial dentro de un conflicto bélico europeo de gran envergadura y consecuencias imprevisibles. Pero para lo que no tiene autoridad es para cambiar subrepticiamente la Constitución, controlando los nombramientos de los miembros del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y

del Consejo del Poder Judicial, amén de disponer ya del control de la Fiscalía General, Abogacía del Estado y un largo etcétera, de lo que se jacta en público.

Algunos lectores se preguntarán: ¿por qué se ha excluido de este procedimiento a los partidos políticos? ¿No son los diputados, los auténticos representantes del pueblo llano? ¿No existe ya un procedimiento establecido que es el de la moción de censura?

Para contestar a estas lógicas preguntas hay que decir que en España, más que una democracia plena, tenemos establecida una partitocracia.

Si el Presidente de Gobierno, y los Gobiernos en general, han abusado del poder que el pueblo les ha delegado, lo mismo ha ocurrido con los partidos políticos que han considerado que las instituciones del Estado eran su patrimonio particular; de tal forma que han nombrado a sus allegados, mirando antes a la afinidad política, que a los criterios de calidad y mérito. En muchos casos, esas instituciones han degenerado, porque se han convertido en auténticos cementerios de elefantes, en donde se jubila a los antiguos militantes con sueldos suculentos y que se comportan como estómagos agradecidos.

Ha sido causa de escándalo las prebendas de los diputados, no sólo con el sueldo y complementos, con los instrumentos informáticos de alta gama, o con la baja asistencia a los plenos; sino con las pensiones máximas, que se pueden cobrar cotizando menos años que el resto de los mortales. Cuando se observa que los diputados de todos los partidos votan al unísono, lo que les dicta en el último momento el jefe de filas, sin previa deliberación en común, uno se pregunta: ¿Verdaderamente son libres nuestros diputados? ¿Tienen criterio propio, o se amoldan al dictado del jefe para no perder sus prebendas?

Se da la paradoja de que España es un país de ciudadanos libres; pero nuestros representantes electos, elegidos en listas bloqueadas y cerradas, son los menos libres de todos los ciudadanos. ¿Por qué no se puede votar como en el Senado, libremente, a los candidatos propuestos por los partidos, en listas abiertas? De esta forma se evitaría el poder omnímodo de las cúpulas de los partidos, constituidas por un número muy reducido de personas, que se pueden contar con los dedos de una mano y, a veces, se reducen a uno sólo: el líder del partido.

Este es un defecto estructural del que adolecen todos los partidos, sin excepción. Es chocante que al final un partido dependa, para lo bueno y para lo malo, de su líder, sin que cuenten sus diputados y senadores, sus militantes ni sus votantes.

Un ejemplo paradigmático es Pedro Sánchez. En su última crisis de Gobierno destituyó a sus más estrechos colaboradores: Carmen Calvo, Ávalos, e Iván Sánchez. Con ese gesto de autócrata envió un mensaje muy claro: Le parti politique, c´est moi; parodiando al Rey Sol.

No hemos pasado con gran esfuerzo de la dictadura a la democracia, para que al final el poder dependa de las filias y fobias de cuatro o cinco personas en España.

Si hemos llegado a esta situación dramática, sumamente peligrosa, es porque los partidos han impuesto sus intereses partidistas, su ideología y sus fobias al bien común

de todos los españoles. Al día de hoy no han actuada nada bien, ni el Gobierno ni la Oposición.

Ha llegado el momento de que el pueblo español deje claro que es el auténtico Soberano, el único que tiene la última palabra y que no admite que se destruyan los cimientos del Estado de Derecho, que es el único mecanismo que permite una convivencia pacífica entre individuos diversos, incluso opuestos, siempre que la ley se aplique igual para todos, sin excepciones.