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El gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a pagar el peaje a los «socios» que le han llevado al poder tras la moción de censura que ha desalojado de forma ignominiosa a Mariano Rajoy de la Moncloa, y al Partido Popular de la esfera gubernamental. A los separatistas vascos y catalanes con el acercamiento a Vascongadas de presos etarras condenados por asesinato, y la posible excarcelación escalonada de muchos de ellos, el traslado de los presos golpistas catalanes hasta prisiones de Cataluña, nuevas vías de financiación para que prosiga el proceso separatista y conversación sin ‘cortapisas’, es decir, sin condiciones, entre el presidente racista y xenófobo de la generalidad, Quim Torra, y Pedro Sánchez. Y a la extrema izquierda, populistas y a la burguesía separatista regional -el nuevo ‘Frente Popular’-, Sánchez ofrece todas las dosis posibles de Memoria Histórica en su máxima expresión.
La exhumación de los restos de Franco (y de José Antonio Primo de Rivera) del Valle de los Caídos tiene mucho más alcance que su propio acto simbólico. Representa una carga explosiva que de forma inequívoca llevará a la sociedad a la confrontación. No se trata de volver a traer el fantasma de la Guerra Civil al siglo XXI, ni tan siquiera el hecho de ganar en la propaganda tan fratricida y cruento enfrentamiento, sino el de anular ideológicamente al centro-derecha-liberal y alejarlo de toda opción de llegar a alcanzar el poder. Por ello, mañana será la propuesta de ilegalizar fundaciones o asociaciones, y, pasado mañana, llevar a cabo la reforma de la mal llamada Ley de Memoria Histórica, que espera turno en el Parlamento, y que, sin duda, será aprobada con el mismo número de votos (180) que expulso al cobarde e indigno Rajoy de la Presidencia del Gobierno. Romper el candado constitucional, en palabras de Pablo Iglesias, es el objetivo, y de ahí, a acabar con el régimen del 78, que implicaría la caída de la monarquía y el establecimiento de una tercera república. Y la polarización y nueva guerra civil.
Desde su fundación, el PSOE se ha caracterizado por la patrimonialización del poder. Se cree con el derecho moral permanente para ello. Ya fuese durante los momentos más convulsos revolucionarios de la Segunda República o más apaciaguados. De tal pretensión solo se ha librado en los primeros años de la Transición, un breve paréntesis. Sobre tales propósitos, nada democráticos, ni el Partido Popular ni Ciudadanos se han enterado; el PP porque es ajeno al debate ideológico y cultural y por su compleja cobardía patológica, y Ciudadanos por no verse estigmatizado en algo similar.
El domingo 1 de julio el diario La Razón publicó el artículo La Comisión de la Verdad, del historiador Jesús Palacios, miembro del Consejo Editorial de Kosmos-Polis, que, por su interés, reproducimos a continuación:
“No se trata de reabrir heridas, sino de cerrarlas”, es la poderosa razón que ha esgrimido Pedro Sánchez para tratar de justificar las exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Si esta enfática afirmación del presidente de tan exiguo gobierno no fuera más que producto de marketing, la cuestión no tendría mayor recorrido, pero, lamentablemente, la frase encierra un trasfondo político de hondo calado para la estabilidad y convivencia de los españoles.
Al inicio de la Transición, el pacto constitucional entre todas las fuerzas políticas se selló con el acuerdo de no agredir al contrario con lo peor de la Segunda República, la violencia de la Guerra Civil y la larga dictadura personal del régimen de Franco. Aquel sí que fue un tiempo nuevo -no el que invocan cada dos por tres los políticos tan mediocres que padecemos-, que en aras de la concordia y la mejor reconciliación quedó ratificado en la Ley de Amnistía, tan demandada por el Partido Comunista y el PSOE. Todos cedieron en el acuerdo. Sin duda, fue el mejor acierto de la Transición, tan errática en la disparatada invención del Estado de las Autonomías, y tan negativa en el desarrollo del Estado de Partidos para beneficio exclusivo de una perversa partidocracia, que ha sido la raíz de este sistema corrupto que asola España.
La operación institucional del 23-F quiso corregir tal deriva, sin embargo, los efectos sicológicos del intento de golpe de Estado mantuvo básicamente el pacto durante 25 años. Tras la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al poder a consecuencia de los atentados del 11-M, uno de los agujeros negros de la Transición, pendiente aún del esclarecimiento de la autoría del mismo, el pacto se quebró. Zapatero rompió de facto con la legitimidad del régimen constitucional del 78 para anclarla en lo peor de la Segunda República, en el proceso revolucionario y violento de las izquierdas durante la primavera del 36.
Con la mal llamada Ley de Memoria Histórica el presidente Zapatero no pretendía más que el asalto a las posiciones del adversario, desarbolarle culturalmente y arrebatarle la hegemonía en la explicación de la historia. Algo verdaderamente sencillo ante la carencia de discurso cultural del centro derecha en España. Es cierto que la Historia, sus hechos, no pueden cambiarse, pero sí el sentido de su interpretación con el ánimo de transformar el presente y a la sociedad como cuña hacia la conquista del poder. Es puro Gramsci ejercido sistemáticamente por la izquierda desde la ideología y la propaganda. Nada tiene que ver con el debate historiográfico, es el amigo-enemigo de Carl Schmitt, que terminará irremisiblemente en la confrontación.
El oxímoron Memoria Histórica se fundamentó en el derecho de una parte de las víctimas a ser enterradas dignamente. Y el discurso de la corrección política se presentó con la vaselina de “cerrar heridas abiertas en los españoles”, “profundizar en el espíritu de concordia de la transición” y “suprimir elementos de división entre los ciudadanos con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles”. Añagazas encubiertas para hacer un juicio histórico popular a los vencedores de la Guerra Civil, a Franco y al franquismo con el objetivo de neutralizar a la sociedad y fulminar al enemigo -el centro-derecha- expulsándole de toda opción de poder.
Franco, pues, no es la cuestión, ni la exhumación de sus restos (y los de José Antonio Primo de Rivera) del Valle de los Caídos, esa es la excusa, como mañana será aprobar una ley que declaren ilegales los juicios del franquismo o la existencia del propio régimen. El objeto es la sociedad y la anulación de todo adversario político.
Si como enfáticamente ha manifestado Pedro Sánchez de que “no se trata de reabrir heridas, sino de cerrarlas”, debería entonces explicar por qué ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley de reforma de la Ley de Memoria Histórica, que pretende criminalizar la historia con la creación de una Comisión de la Verdad, acabar con la libertad de cátedra, de expresión, la quema de libros y obras no gratos, cuantiosas multas y penas de hasta cuatro años de cárcel para los ‘discrepantes’ y el establecimiento de un pensamiento único, lo que ha sido contestado con firmeza por miles de españoles en el Manifiesto por la Historia y la Libertad, muchos de ellos notables socialistas.
La izquierda del buenismo es metódica y concienzuda en la sistemática aplicación de la ideología y la propaganda en el asalto a la cultura, a la historia. La derecha sobre esto no sabe, es yerma. En 2007 no existía el populismo ni el separatismo estaba tan despechado. Pero ahora sí, y de ahí esta nueva fase en desarrollo, que culminará con el intento de establecer la cheka de pensamiento único.
Leyes de memorias históricas llevarán tarde o temprano a la polarización y confrontación de la sociedad si no se atajan a tiempo. Entretanto, el festival populista-izquierdista continuará con exposiciones sectarias a la gloria y memoria de la violencia revolucionaria antes y durante la Guerra Civil, el cambio de calles y el intento de expoliar monumentos o dedicar memoriales a reconocidos chequistas asesinos de numerosas sacas y de Paracuellos. Ahora que el Comisionado de la Ley de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid ha presentado su renuncia ante la actitud intolerante de Carmena, la alcaldesa tiene la oportunidad de colocar en el monumento a Calvo Sotelo sendas placas dedicadas a la memoria del pistolero prietista Luis Cuenca, y del capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, sus asesinos.
https://www.larazon.es/espana/la-comision-de-la-verdad-FA18817938
